El proyecto cripto del Senado entra en su momento límite entre stablecoins, Trump y votos clave.

Las próximas dos semanas serán decisivas para una ley que pretende ordenar el mercado cripto en EE. UU., pero las fricciones políticas amenazan con bloquearla antes de llegar al pleno.

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J.M.G

1/8/20263 min read

El Senado de Estados Unidos se acerca a un punto de no retorno en su intento de aprobar una ley marco para regular la industria cripto. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el proyecto afronta un auténtico do or die: o se alcanza un acuerdo en los próximos días, o la iniciativa podría naufragar definitivamente.

Miembros del Senate Banking Committee trabajan contrarreloj para resolver dos frentes especialmente delicados: el tratamiento del rendimiento en stablecoins y los posibles conflictos de interés del presidente Donald Trump en negocios cripto vinculados a su familia.

Sin apoyo demócrata, el proyecto muere en el Senado

El borrador actual busca repartir competencias entre la SEC y la CFTC y definir una nueva categoría de “activos auxiliares” para aclarar qué tokens no deben considerarse valores. Sin embargo, el consenso político sigue lejos.

El presidente del comité, Tim Scott, ha anunciado una audiencia y votación de enmiendas el 15 de enero, pero fuentes internas advierten de que el texto actual no obtendría ni un solo voto demócrata en comisión.

Esto es crítico: sin un respaldo bipartidista sólido, la ley no alcanzaría los 60 votos necesarios en el pleno del Senado, lo que la condenaría incluso antes de llegar a debate.

El gran escollo: el rendimiento de las stablecoins

Uno de los puntos más conflictivos es si y cómo permitir rendimiento (yield) sobre stablecoins. La senadora Angela Alsobrooks ha planteado una vía intermedia: permitir que los exchanges ofrezcan rendimiento solo si el usuario realiza una acción activa, como vender o mover las stablecoins, pero no por mantenerlas pasivamente en la cuenta.

La propuesta busca desactivar la oposición de la banca tradicional, que teme una fuga de depósitos. Esta semana, asociaciones de bancos comunitarios advirtieron al Senado de que una regulación laxa podría perjudicar el crédito local a pymes, agricultores y familias.

Desde el sector cripto, la respuesta no se ha hecho esperar. Blockchain Association defendió que la votación previa de la GENIUS Act demostró que es posible equilibrar innovación y protección al consumidor, sin necesidad de prohibiciones absolutas.

La Casa Blanca, sin embargo, parece poco dispuesta a reabrir este debate. Su asesor cripto, Patrick Witt, advirtió que tumbar la ley por este punto mantendría el statu quo, sin resolver ninguno de los problemas que se denuncian.

El “problema Trump” y las cláusulas éticas

El segundo gran obstáculo es la inclusión de disposiciones éticas que aborden los conflictos de interés del presidente en proyectos cripto. Según estimaciones de Bloomberg, Trump habría generado unos 620 millones de dólares a través de iniciativas vinculadas a su familia.

Entre ellas destaca World Liberty Financial, un proyecto DeFi y de stablecoins que enumera a Trump y a sus tres hijos como cofundadores, además de una participación del 20% en la minera American Bitcoin. A esto se suman memecoins asociados al presidente y a la Primera Dama, un punto especialmente sensible para los demócratas.

La senadora Cynthia Lummis ha negociado durante meses con Ruben Gallego la inclusión de lenguaje ético, pero Gallego ha advertido públicamente de “retrocesos” en este apartado. En su opinión, la resistencia de parte de la industria a aceptar límites éticos podría acabar matando la ley.

Las elecciones de medio mandato cambian el tablero

Todo esto ocurre con las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, lo que introduce una presión adicional. Según Scott Johnsson, el sector cripto dispone hoy de dos palancas políticas clave: la financiación vía PACs y la movilización del grupo Stand with Crypto.

Este último, respaldado por Coinbase, ha incrementado su base en 675.000 nuevos miembros en 2025, un crecimiento del 35%, y mantiene un scorecard público que evalúa a los legisladores según su postura cripto.

En un Congreso con mayorías ajustadas, estas herramientas pueden inclinar votos clave y condicionar las negociaciones finales.

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