Vitalik Buterin denuncia la criminalización del código en defensa del desarrollador de Tornado Cash.

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha publicado una carta abierta en apoyo a Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, que se enfrenta a hasta cinco años de prisión en Estados Unidos tras ser condenado en agosto por un cargo de conspiración para transmitir dinero.

Storm, acusado por el Department of Justice en 2023, permanece en libertad bajo fianza a la espera de sentencia. El jurado lo declaró culpable de uno de los cargos, aunque no alcanzó veredicto en las acusaciones adicionales relacionadas con blanqueo de capitales y sanciones.

“El juicio es sobre escribir código, no sobre causar daño”.

En su carta, Buterin enmarca el caso como un ataque directo al desarrollo de software, más que como un proceso por daños financieros concretos. Tornado Cash es un mezclador no custodial, una herramienta que las autoridades estadounidenses sostienen que fue utilizada para lavar más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos.

Buterin subraya que las herramientas de privacidad cumplen una función legítima, y afirma haber utilizado el software de Storm para comprar herramientas técnicas y donar a organizaciones de derechos humanos sin dejar registros en bases de datos corporativas o gubernamentales.

Para el cofundador de Ethereum, criminalizar el código supone un precedente peligroso: “Apoyé el trabajo de Roman desde el principio, como defensor de la privacidad y como usuario activo de estas herramientas”, escribe, destacando además que sus aplicaciones siguieron funcionando correctamente incluso años después de que dejara de mantenerlas, algo que —en su opinión— habla de su integridad como desarrollador.

La privacidad como infraestructura básica, no como excepción.

Buterin sitúa el caso en un debate más amplio: la privacidad como condición básica de la vida moderna, no como una causa política marginal. En su análisis, recuerda que durante décadas la protección de datos personales, los movimientos físicos y las transacciones financieras fue la norma, y que las herramientas actuales solo intentan preservar derechos erosionados por la vigilancia digital masiva.

Desde esta perspectiva, sostiene que defender el software de privacidad no es promover el delito, sino proteger garantías históricas que han existido mucho antes de blockchain.

Un respaldo económico y político creciente.

El apoyo de Buterin no se limita a palabras. En diciembre de 2024, donó 50 ETH al fondo legal de Storm, y la Ethereum Foundation aportó 500.000 dólares en 2025, comprometiéndose además a igualar donaciones comunitarias adicionales. En octubre de ese mismo año, la fundación lanzó, junto a Keyring, un fondo legal específico para desarrolladores de Tornado Cash.

En total, la defensa de Storm recaudó más de 6,39 millones de dólares solo en 2025, con aportaciones de investigadores y entidades de distintos ecosistemas. Entre ellos figura el Solana Policy Institute, que destinó 500.000 dólares a apoyar tanto a Storm como a Alexey Pertsev.

Presión global contra herramientas de privacidad.

El caso de Storm no es aislado. Pertsev fue condenado en 2024 por un tribunal neerlandés a 64 meses de prisión por cargos de blanqueo relacionados con 1.200 millones de dólares en transacciones. En Estados Unidos, los cofundadores de Samourai Wallet fueron arrestados en 2024; uno de ellos recibió cinco años de cárcel en 2025.

Este endurecimiento ha provocado reacción política. En agosto de 2025, más de 110 entidades cripto enviaron una carta al Senado advirtiendo que no apoyarían legislación de estructura de mercado sin protecciones explícitas para desarrolladores, tras declaraciones del propio Departamento de Justicia reconociendo que “escribir código no es un delito”.

Incluso el presidente Donald Trump insinuó una posible revisión de estos casos, afirmando que los estaba “considerando” cuando fue preguntado por indultos relacionados.

La intervención de Vitalik Buterin eleva el caso de Roman Storm más allá de un proceso judicial individual. El debate de fondo es claro: si desarrollar software de privacidad puede considerarse un crimen, el impacto alcanzaría a todo el ecosistema open source.

Para buena parte de la industria, el resultado marcará un precedente decisivo sobre los límites legales del código, la responsabilidad de los desarrolladores y el futuro de la privacidad en la era digital.

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